AYOTZINAPA MARCO EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO

Los desaparecidos de Ayotzinapa bajaron de su pedestal al Presidente Enrique Peña Nieto. Lo marcaron hasta el final de su sexenio y tal vez hasta el final de su existencia; difícilmente podrá vivir con esto y otras atrocidades en las que se ha visto involucrado como la represión contra la población de San Salvador Atenco, la repentina muerte de su esposa Mónica Pretelini, los hijos fuera de matrimonio, el caso de la niña Paulette Gebara Farah en Interlomas, el crimen nunca aclarado de Enrique Salinas de Gortari en Huixquilucan, la fraudulenta forma en que arribó a la Presidencia de la República y sus tratos con televisa, los conflictos de interés sobre la Casa Blanca y su relación con las empresas Higa y OHL, las ejecuciones en Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingan, y por si fuera poco, la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera de un penal de “alta seguridad”, que develó la fragilidad y la corrupción que impera en las áreas de seguridad del gobierno mexicano, a cargo de Miguel Angel Osorio Chong, todavía Secretario de Gobernación.

     “Si hay un caso que retrata la impunidad y las carencias del Estado mexicano es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa” declara al diario español El País, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossio, el pasado 24 de octubre.

     “Hay sociedades que tienen sus noches –agrega el ministro-, y sus noches son simbólicas. La Noche de san Bartolomé, la de los Cuchillos Largos, la de los Cristales. Y siempre son noches. Para nosotros, es la Noche de Tlatelolco, la Noche de Ayotzinapa”. “Ahí hemos visto la enorme relación entre las fuerzas del Estado y la delincuencia a un nivel que me parece increíble”.

     “Que a unas personas las hayan eliminado físicamente en una connivencia entre delincuentes y Estado es muy grave. Pero que una vez generados estos hechos no se haya podido establecer, a más de un año, una hipótesis sólida es muy grave también”, afirma.

     Pronostica el ministro José Ramón Cossio que el caso iguala, Gro., donde fueron atacados los normalistas de Ayotzinapa, tiene aún mucho recorrido, y no descarta que con el tiempo, acabe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, pero por ahora, subraya, ni siquiera ha habido un primer juicio.

     Lapidarios juicios del ministro José Ramón Cossio, más que suficientes para dejar claro que en estos graves acontecimientos sí hubo intervención del Estado en connivencia con la delincuencia organizada, y por lo tanto, se trata no sólo de homicidios, sino de desapariciones forzadas, y no de secuestros, como lo han catalogado jueces a modo, al servicio de los intereses políticos y no de la justicia. Estos señalamientos debieran bastar para reorientar las indagatorias hacia líneas de investigación intocadas hasta ahora, es decir, citar a comparecer ante el Ministerio Público Federal a personajes políticos como el ex Gobernador Angel Aguirre Rivero, a  Iñaki Blanco Cabrera, ex Procurador del Estado de Guerrero, quien por cierto ya compareció ante la PGR el pasado 29 de octubre; a los militares del 37 Batallón con base en Iguala, a los estudiantes que sobrevivieron al ataque, a los mandos de la policía federal y estatal, porque los policías de Iguala y Cocula ya están sujetos a proceso, y a los empresarios de la línea de autobuses involucrados en estos hechos.

     También podrían citar a comparecer a José Luis Hernández Rivera, director de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, para que explique por qué y para qué mandó a sus estudiantes al matadero, antes de que huya, porque ya anunció que se va a jubilar y que sólo estará como director hasta el 15 de diciembre próximo. No sea que después ya no lo encuentren o que pida asilo en las montañas del Triángulo Dorado y desaparezca por un buen rato.

     Hay que considerar también en el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el reciente informe de Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, quien señaló que para un país que no se encuentra en medio de un conflicto (bélico), las cifras calculadas son simplemente impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito. Desde 2007, subraya, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidios, y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes.

     Reconoce el Alto Comisionado que parte de la violencia puede ser atribuida a los poderosos y despiadados grupos del crimen organizado, pero también que muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado.

     Reveló que en el caso de Iguala, fuerzas de seguridad federales tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo, mientras estaba sucediendo, pero que no intervinieron. Manifiesta que el alcance y complejidad de las operaciones de variada y diversas fuerzas de la policía involucradas en la emboscada, arrestos, tiroteos y desaparición forzada de los estudiantes significan que debe haber habido una coordinación centralizada.

     El caso Iguala, indicó, es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México, y de manera particular, “pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero”.

     Finalmente, el Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos resaltó que en Iguala, de acuerdo a la sólida evidencia puesta a la luz por la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, “elementos de la policía municipal, estatal y federal –junto con otros representantes del Estado y del ejército- estuvieron involucrados, ya sea en los crímenes, o en el hecho de no proteger a las víctimas o tomando parte en el posterior encubrimiento”.

     El tema es ya de interés internacional y la llamada “verdad histórica” del ex Procurador Jesús Murillo Karam, se tambalea. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU toman cartas en el asunto y el gobierno federal, muy a su pesar, accede a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes prosiga con sus investigaciones por seis meses más.

     El “ya basta de señalar al Gobierno de la República que no tiene nada que ver” dicho por Osorio Chong, solo denota  desesperación al sentirse observados y calificados por organismos internacionales que tienen información precisa de la continua violación a los derechos humanos a lo largo y ancho del territorio nacional.

     Si los siguientes peritajes confirmaran que no fueron incinerados los normalistas en el basurero de Cocula el caso se complicaría aún más, porque entonces seguirían los normalistas en calidad de desaparecidos y algunos de los inculpados podrían obtener su libertad o tal vez, reponer el proceso, y tal vez también podrían fincar a Jesús Murillo Karam la comisión de algún probable delito como pudiera ser el de ejercicio indebido del servicio público. El “ya supérenlo” de Peña Nieto o decir que “estamos del mismo lado” o que “el Gobierno de la República nada tiene que ver” son insuficientes, como insuficientes han sido hasta ahora las investigaciones domésticas.